Ballenoil y Plenoil rompen con la patronal de las gasolineras ‘low cost’ y apoyan al Gobierno
Dos empresas importantes de la patronal de gasolineras low cost, Ballenoil y Plenoil, se han desmarcado de AESAE y dan su total apoyo al Gobierno en la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina al conjunto de los ciudadanos. La patronal había comunicado su decisión de estudiar acciones legales contra el Gobierno por obligarles a adelantar la bonificación, algo de lo que se han desmarcado estas dos marcas, que suman 300 gasolineras en total.
«Todas las medidas que el Ejecutivo ha implementado con el objetivo de bajar el precio del combustible a los consumidores son apoyadas por Ballenoil y Plenoil, ya que las citadas medidas contribuyen a hacer más asequible la adquisición de un bien tan básico como la gasolina», dice el comunicado de Ballenoil y Plenoil.
«En concreto, la reciente medida aprobada por el Gobierno del abaratamiento de 20 céntimos por litro ha sido respaldada desde el primer momento por ambas empresas y ya ha sido implementada en su red de estaciones de servicio desde primera hora del día de 1 de abril», señalan.
«Las cerca de 300 gasolineras de ambas compañías están funcionando con total normalidad, habiendo adaptado su sistema informático a las indicaciones del Real Decreto-Ley con una gran acogida por parte de sus clientes. Asimismo, manifiestan la necesidad de poder contar, como el resto de compañías de su sector, con un anticipo en función de su volumen de ventas en la línea de no dificultar las líneas de tesorería disponibles», añaden.
Ballenoil y Plenoil no quieren sumarse a las críticas de la patronal a la gestión del Gobierno de la bonificación. Las gasolineras han puesto el grito en el cielo por la decisión del Ejecutivo de no adelantar el dinero de la bonificación hasta esta semana, lo que obliga a las estaciones de servicio a abonar ellos la rebaja durante unos días, desde el 1 de abril.
En opinión de la patronal, eso obligará a muchas a cerrar por no poder asumir ese coste, y hacen responsable al Gobierno por responsabilidad patrimonial.
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